A principios de este mes, la Casa Blanca anunció detalles de una inminente acción ejecutiva que restringirá severamente el derecho legal de las personas a solicitar asilo, cerrando efectivamente el asilo para la abrumadora mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México. Muchas políticas similares han amenazado anteriormente el derecho humano y legal a buscar asilo, pero ninguna ha logrado disuadir a las personas de intentar buscar protección en la frontera.
Esto se debe a que, para las personas que huyen para salvar sus vidas, nada es más aterrador que detenerse donde están. Esto es particularmente cierto para las poblaciones de alto riesgo. Las mujeres, las personas LGBTQ+ y las personas que son blanco de ataques por sus creencias políticas, a menudo huyen de países donde enfrentan mayores amenazas de violación y violencia sexual, persecución debido a su orientación sexual o identidad de género, o graves repercusiones como secuestro o tortura por desafiar a gobiernos opresivos. Para algunos, permanecer en sus países podría ser una sentencia de muerte.
Durante la administración de Trump, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles cuestionó sus políticas de asilo inconstitucionales y draconianas. Esas políticas son igualmente dañinas e ilegales bajo la administración Biden y es por eso que recientemente presentamos un litigio para impugnarlas.
Si algo ha quedado claro tras años de fracasos de las reformas es esto: el fracaso sistémico del sistema de inmigración de nuestro país no se resolverá mediante políticas miopes y dañinas que cierren ilegalmente nuestras puertas a quienes necesitan refugio. En lugar de redoblar la postura de medidas ineficaces orientadas únicamente a la aplicación de la ley, ya es hora de promulgar una reforma significativa que aborde los desafíos y las causas de la crisis humanitaria en la frontera, al tiempo que priorice el compromiso de nuestro país con los derechos legales y la dignidad de las personas que buscan una vida mejor.
Medidas punitivas como la detención masiva, la deportación y los procesos penales por entrada indebida desperdician recursos gubernamentales y criminalizan el acto de buscar asilo. En cambio, una reforma significativa abordaría los diversos aspectos de nuestro sistema que claman por un cambio. Debemos hacer que nuestro gobierno reasigne el gasto para mejorar los puertos de entrada, equipar a nuestras agencias y tribunales de inmigración con los recursos para abordar la acumulación de casos de manera ordenada y oportuna, y garantizar que los solicitantes de asilo reciban servicios de apoyo, como representación legal y atención médica, durante los procedimientos de inmigración en curso.
Una reforma significativa también debe mirar antes y más allá del ingreso al país del inmigrante, y abordar los desafíos que llevan a las personas a abandonar sus países de origen, así como los desafíos que enfrentan los nuevos inmigrantes después de llegar a los Estados Unidos. Esto significa atacar las causas profundas de la migración --como la violencia y la inestabilidad económica-- a través de la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. También significa ayudar a las personas después de su ingreso, creando canales para que las personas se comuniquen con familiares o patrocinadores en los lugares donde esperarán a que el gobierno decida sus solicitudes, y derribando barreras para procesar permisos de trabajo para solicitantes de asilo, para que puedan mantenerse a sí mismos y contribuir a sus comunidades locales.
Lo más importante es que una reforma significativa debe negarse a cambiar nuestros valores por acuerdos políticos.
La promesa de Estados Unidos es servir como un faro de esperanza y libertad para las personas que huyen de la persecución, la violencia, la guerra y las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Dar la espalda a los solicitantes de asilo es una traición a los ideales que representan lo mejor de nuestro país. Estamos hablando de personas que, una vez instaladas en sus nuevos hogares, buscan trabajar duro, establecer familias, iniciar negocios, formar parte de nuestras comunidades, entrenar equipos deportivos y enseñar a nuestros hijos. Ellos se constituyen en nuestros familiares, vecinos y amigos, y se vuelven parte integral del tejido de nuestra nación con derecho a la dignidad y la protección.
En pocas palabras, la orden ejecutiva de la administración de Biden sobre política de asilo prioriza la óptica política por sobre los valores de nuestra nación y las vidas de miles de personas vulnerables. Estas medidas no sólo son inconstitucionales, sino que también fallan en cumplir su cometido de impedir que la gente viaje hasta la frontera, como pretende el gobierno.
No debemos permanecer en silencio mientras los ataques políticos contra los inmigrantes continúan aumentando. De cara a la temporada electoral del 2024, debemos comprometernos a luchar contra las crueles políticas antiinmigrantes y defender los derechos y libertades civiles garantizados constitucionalmente de cada persona en este país, independientemente de su documentación, estatus de refugiado o inmigración, porque “nosotros, el Pueblo” significa todos nosotros.
